El lunes 6 del presente a través de
internet en horas de la mañana se daba a conocer que por la noche el concejo
municipal antigüeño, oficializaría un punto de acta donde se exoneraría a la
empresa de televisión por cable “Tocuyo” por Q 6, 704,750.00 (Seis millones
setecientos cuatro mil setecientos cincuenta quetzales) por concepto de tasa de
uso de suelo desde el año 2000, señalando que la gestión de exoneración ante la
comuna fue promovida por el Abogado
Rolando Rosales Mirón, esposo de la Concejal Patricia Diéguez, agregando que
pretenden entregarles el tercer ducto del cableado subterráneo, propiedad de la
Municipalidad a esa empresa, lo que fue rechazado en principio por los
concejales.
Sin embargo agrega el documento “En la semana entre Navidad y año nuevo, el
concejo conoció nuevamente dicha solicitud, integrado en su mayoría por
Unionistas, Patricia Diéguez de Rosales, Mario Pérez Sican, Sergio Castañeda,
Miguel Paredes Morales y el síndico Juan Carlos Silva, en esta ocasión sí se
autorizó y se le pidió al departamento jurídico que emitiera el acuerdo con el
finiquito, pero lo increíble es que el mismo Rosales Mirón redacto a su gusto
el dictamen y él mismo anduvo gestionando en las oficinas del departamento
jurídico de la Municipalidad antigüeña, pero este no redacto el acuerdo tal
como lo solicitó Rosales quién montó un espectáculo pocas veces visto,
amenazando y amedrentando, tal fue que la esposa la Concejal Patricia Diéguez
llegó y obligó al Alcalde en funciones Edgar Ruiz a pedirles la renuncia a
todos los miembros del departamento jurídico. Corroborado con el jefe de
personal de la Municipalidad.”
Agrega el documento que quien
"primero dio a conocer la noticia fue Metrovisión, razón por la cual le
cancelaron unilateralmente el canal aunque exista contrato vigente hasta el día
de hoy”.
Al respecto el concejo municipal en
horas de la tarde del mismo día, convoco a medios de prensa, con presencia de
representantes de lasociedad civil a una conferencia urgente, donde Ruiz
Paredes, señalo al documento como malicioso tendencioso y con aviesos y
obscuros intereses sobre el concejo municipal con criterios espurios, anodinos
y fuera de contexto que solo reflejaban la mediocridad de grupos que solo se
dedican a hacer maldades y no buscan el beneficio de la ciudad, agregando que
el documento es alejado de la verdad, y no es cierto que hayan conocido el expediente
en las fechas señaladas, y sí existe la solicitud de la empresa señalada pero
se cursó a la Licenciada María Eugenia
Contreras para que opinara al respecto (quien declaro improcedente la
exoneración hasta que concluyera un proceso ante la Corte de
Constitucionalidad).
Concluyó haciendo un llamado a no
dejarse sorprender por enemigos de la democracia, reiterando la transparencia
con que trabajan para rescatar la ciudad de como la dejo la administración
anterior. Desmintió que algún miembro del concejo en particular propugne por
alcanzar la exoneración y las decisiones se toman como ente colegiado.
La señora Diéguez admitió que su
esposo ha asesorado al concejo municipal y el mismo está integrado no porque el
TSE lo hiciera sino se lo ordeno tribunal correspondiente y desconocía quienes
estaban detrás y se reservaba el derecho de proceder contra los responsables. A
la pegunta a la señora Diéguez si no consideraba que existiera nepotismo cuando
su esposo da asesoría al concejo municipal, fue el Licenciado Ruiz quien
respondió y dijo que no, porque era ad honoren y no hay conflicto de intereses
porque está enfocado a la ayuda institucional, no personal. Agrego que se dio
inicio a un proceso de cobro, todas las empresas deberán regularizar su
situación.
A la pregunta de que si el concejo se
declara a favor o en contra de la exoneración mencionada el alcalde indico que
la comuna no puede darse el lujo de perder un adeudo semejante: “y Creo que mis
compañeros concejales y síndicos entraran a analizar como cuerpo colegiado y no
en forma aislada y tomaran las mejores decisiones apoyándonos en Derecho”.
El concejal Mario Pérez Sican indico
que Carlos Mérida en su momento mencionó que debían hacerse esos cobros y
sostuvo que aunque lleven años se tiene que cobrar y se debe llevar el caso
hasta donde sea necesario. Luego se conoció que el alcalde interpuso la
denuncia ante el Ministerio Público, que haría las averiguaciones sobre los
responsables del documento.
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