En
la gráfica el Conservador de la ciudad arquitecto Norman Muñoz, y los miembros
del Consejo para la Protección: Licenciado Miguel Von Hoegen, el Arquitecto
Werner Meza, arquitecto Jorge Cabrera y el Licenciado Ernesto Chanchavac,
quienes dieron a conocer la postura de dicha entidad como ente colegiado, ante
el problema del cobro de licencias de construcción, que ha realizado la institución
por cuarenta y cuatro años y que ahora la municipalidad pretende hacerlo,
amparándose en su autonomía contenida en la Constitución de la Republica.
Al
respecto el Arquitecto Meza, en calidad de vicepresidente, indico que la
postura se funda en los puntos de acta institucional del 21 de enero de 2014,
donde constan cinco acuerdos entre la municipalidad y el consejo luego de
varios cabildeos: 1º. Revocación de un
acta administrativa cuestionable que existía. 2º. Una consulta a la PGN en
relación al cobro, que hasta la fecha no ha sido respondida. 3º.
Establecimiento de ruta de expedientes a través de una ventanilla única en el
Consejo Protector. 4º. El trámite de expedientes continuaría tal y como se
venía haciendo. Y 5º. Se acordó que el
monto de las licencias de construcción que se cobraran, se dividirían en un 60%
para el Consejo de Protección y un 40% para la municipalidad antigüeña, el acta
fue firmada y cobro vigencia de mutuo acuerdo con aceptación total del consejo
y la mayoría del concejo municipal.
Sin embargo el 17 de marzo del presente de
manera unilateral e inconsulta la municipalidad, resolvió ser el ente que
cobraría y otorgaría las licencias dentro y fuera del polígono de conservación.
Al respecto Meza indico que ello pone
en riesgo la institucionalidad y la conservación de la ciudad y dificulta el
control urbano y según la tesis del departamento jurídico, la ley 60-69 es
especial y esta sobre el código municipal, solo para la Antigua Guatemala.
Por
lo anterior señalaron que ante la persistencia de la comuna tomaron la decisión
de enderezar el amparo No. 176-2014-A, ante la Sala de Apelaciones de esta
ciudad, agregando que están abiertos al diálogo y la negociación y si aun así
insisten, podrían entablar un proceso legal contra los síndicos y concejales.
Aclaro
que el consejo no tiene 200 expedientes sin resolver, porque donde no los han
resuelto es en la municipalidad.
A
la pregunta de que consideraban la causa de la postura municipal, el arquitecto
Cabrera señalo que detrás del telón considera que hay intereses que tratan “De
mover pitas”, para la aprobación de sus proyectos, sin que sean supervisados,
pero la obligación del Consejo Protector y el Concejo Municipal es preservar el
entorno arquitectónico de Antigua.
El
alcalde en funciones Edgar Ruiz, quien es presidente del Consejo protector, se excusó
para superar el conflicto de intereses que representan los dos cargos.
Adolfo
vivar al respecto indico a revista Proceso, que la municipalidad es la que debe
cobrar, pero para resolver el problema cuando administraba la comuna,
estableció que el cobro de dividiera de forma porcentual: 40% para la
municipalidad y 60% para el consejo protector y así supero el conflicto.
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