Así
lo manifestó Manuel Ajmac, secretario general del sindicato de trabajadores de
campo de la municipalidad de esta ciudad, con relación a una denuncia contra el
Consejo municipal en pleno incluyendo al alcalde Edgar Ruiz Paredes, en vista
que consideran infringieron el artículo 419 del Código penal, que tipifica el
incumplimiento de deberes cuando el funcionario o empleado público que
omitiere, rehusare o retardare algún acto propio de su función o cargo será
sancionado con prisión de uno a tres años. En el caso de la comuna antigüeña,
se toma como base el pacto colectivo del 2008 que establece que las conquistas
de carácter económico deben ser presupuestadas con el fin de garantizar su
cumplimiento y tomando cuenta que ese pacto colectivo rige ambas partes, la
facultad que tiene el Consejo no es optativa sino facultativa, que se convierte
una ordenanza para aprobar incluir el aumento salarial para el 2015.
Al
no hacerlo, los miembros del Concejo se pusieron de acuerdo y a partir de ello
infringen la ley, y eso conlleva que los siete miembros, podrían encuadrar el
delito de asociación ilícita, por lo cual se puso a discreción del Ministerio
Público la denuncia el 25 junio, esperan que es esto se ventile para poder
tener una respuesta concreta al respecto, señaló.
Con
relación a que en el mes de abril el alcalde indicó que había un régimen de
austeridad económica, el sindicalista señaló que se les había puesto a la vista
un documento, sin embargo con el aumento a determinados trabajadores,
incluyendo integrantes del sindicato patronal, sí se dieron incrementos de
acuerdo al contenido de documentos proporcionados a través del acceso a la
libre información. Con el hecho de darse esos incrementos se faltó al respeto
al documento de austeridad que mostró el alcalde.
El
nueve de julio la asamblea determinará que medidas de hecho tomaran para
presionar a las autoridades y que existan condiciones igualitarias para todos
los trabajadores, concluyó.
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