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El
martes y miércoles de la presente semana en el juzgado de instancia de esta
ciudad, ante la jueza Sherlyn Figueroa
se dio la audiencia del proceso que se entabla en contra de Carlos Mérida,
Edgar Monterroso Chan, Josué García Reséndiz, Américo López, Guísela Monroy y
ausente Antonio Palomo, ex miembros del concejo municipal antigüeño por la
supuesta exoneración de pago millonario de arbitrios a las arcas municipales,
por la construcción de un condominio en la finca la Chácara, ubicada en Santa
Inés.
Tanto
el Ministerio Público, como abogados
defensores plantearon las exposiciones
de pruebas, para que la juez determinara si les ligaba a proceso e iban a
juicio oral y público, por los delitos de asociación y enriquecimiento ilícito.
EL
MP sustentó su exposición en lo manifestado por el ex concejal Magín
Hernández, en el sentido que se les dio
Q80.000 quetzales a cada uno de los acusados lo que fue apoyado por el Abogado de la PGN.
Los
abogados defensores esgrimieron una serie de razonamientos que desvirtuaron la
tesis del MP, por ejemplo que el ex concejal Hernández sólo mencionó el hecho,
pero no señaló que personas en concreto y por otra parte, que había sido en el
baño donde se dio el ilícito, sin embargo las cámaras de la municipalidad no lo
muestran.
También
señalaron que por qué razón no está dentro del proceso el actual alcalde en
funciones Edgar Ruiz Paredes, siendo él parte del Concejo lo que no se
comprende cómo el MP lo obvio. Asimismo
que el Ingeniero que supuestamente había dado el dinero, ya fue desligado del
proceso, entonces no comprendían porque se seguía la persecución penal contra
sus patrocinados.
La
jueza Figueroa, indicó que tomaría 24 horas para dictar la resolución en base a
las pruebas presentadas y los argumentos
expuestos.
El
miércoles en horas del mediodía, se conoció la resolución de la juzgadora, en
el sentido que las pruebas no eran suficientemente contundentes para ligar a
los sindicado al proceso en ese momento, por lo que ordenó la clausura provisional
del caso y el MP tendrá alrededor de cuatro meses, para presentar las pruebas
conclusivas y concretas para determinar si el caso va a juicio oral y público.
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