Hasta
el presente mes varios procesos están pendientes de ser resueltos por diversos
entes jurídicos y que tienen estrecha relación con el quehacer de la ciudad,
entre ellos: El del caso de la finca la Chácara donde varios ex síndicos y ex
concejales, así como otros funcionarios junto con el Alcalde Vivar, están
procesados pero no se ha desarrollado de manera normal, por diversas excusas
que según el abogado Aníbal García, son acciones retardatorias que permite la
ley.
Por
otra parte también se desconoce cuál es el avance en el Tribunal Supremo
Electoral, con relación a la vacante dejada por el Doctor Sergio Castañeda,
quien hace unos meses renunció como concejal V interino, y hasta la fecha no se
ha nombrado sucesor y el concejo aun esta pendiente de conformarse en su
totalidad.
La
Corte de Constitucionalidad tiene pendiente la sentencia del proceso de amparo,
a favor del Consejo de Protección de la Antigua Guatemala, por cobro de
licencias de construcción y que luego de varios meses de que este alto órgano
Constitucional lo conociera, hasta la fecha se desconoce en su desarrollo.
Asimismo
no se sabe con relación a la denuncia del Síndico José Domingo Paredes Morales,
ante el MP y la CICIG para determinar si existen grupos paralelos de poder, que
podrían estar dentro de la actual estructura municipal, y que según el
denunciante la CICIG, podría accionar de un momento a otro.
Y
el mas conocido es el del alcalde Adolfo Vivar, que guarda prisión desde el 13
de septiembre del 2012 y hasta la fecha se desconoce cuál es la situación real
del proceso.
Como
lo muestra la página de la CICIG, en ese caso se han realizado varias condenas
por el enriquecimiento ilícito de cinco personas que ya fueron condenadas a
cinco años de prisión por los delitos de concusión y fraude: siendo: Josué
Renato de la Roca Sagastume, Adriana del Carmen Castillo Recinos, Aurelio Cuy
Chávez, José Armando Arrecís Ramírez y Bladimir Alejandro Nájera Coba.
Sin embargo el galeno no ha sido escuchado en
el ofrecimiento de pruebas para conocer si va o no a juicio oral y público.
Esto se dirime en el juzgado B de mayor riesgo que preside el juez Ángel
Gálvez.
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